Derecho a la integridad de la obra versus derecho de propiedad

Por: Valentina Castañeda Benítez

Abogada dedicada al área de propiedad intelectual, con gran capacidad de análisis y espíritu responsable. Fiel creyente de la honestidad y la justicia. Es graduada como Abogada por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela) con mención honorífica Cum Laude.

Ha obtenido título de Magíster en patentes, marcas y propiedad intelectual (Matrícula de Honor) en OBS Business School de Barcelona, España.

Resumen. 
Usualmente, los autores plasman sus obras artísticas, especialmente obras pictóricas, en soportes físicos propiedad de un tercero; lamentablemente, dicho acontecimiento puede generar conflicto de intereses en caso de que el mencionado soporte sea o deba ser destruido sin posibilidades de conservación de la obra en cuestión. Test your luck on free online slots. El presente trabajo desarrollará el conflicto que puede haber entre el derecho a la integridad de la obra y el derecho de propiedad. Si bien estos casos ocurren con frecuencia, no ha habido muchos pronunciamientos jurisprudenciales al respecto; sin embargo, en este trabajo, se describirán tres importantes decisiones jurisprudenciales en las cuales hubo colisión de los mencionados derechos, y, posterior a ello, se expondrá la opinión de la autora con relación a cómo deben tratarse los diferentes supuestos en caso de colisión de estos derechos, destacando algunas consideraciones a tener en cuenta con efectivas soluciones.
Palabras claves.

Obra, integridad, propiedad, colisión, jurisprudencia.

Abstract. 

Usually, authors of artistic works create, in particular pictorial works, on physical supports owned by a third party; unfortunately, this occurrence may generate conflict of interests in the event that the aforementioned supports are or have to be destroyed without the possibility of preserving the work in question. This study will explain the conflict that might occur between the right to the integrity of the work and the right to property. Even though these cases happen frequently, there have not been a lot of judicial pronouncements in this regard; however, this study will explain three important judicial decisions in which there was a collision of the aforementioned rights, and subsequently the author’s opinion regarding how the cases should be treated in the event of a collision of these rights, taking some aspects into account, and giving effective solutions.

Key words.

Work, integrity, property, collision, decisions.

1. Introducción

 La protección de los derechos patrimoniales y morales de los autores se considera un derecho humano de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual contempla lo siguiente: “(…) 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”[1] Por otra parte, en la mencionada declaración, se reconoce de forma expresa el derecho de propiedad como un derecho humano, lo cual se evidencia en el numeral 1 del artículo 17: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. (…)”[2]

            Ambos derechos fundamentales han sido acogidos en numerosos tratados internacionales y han adquirido rango constitucional en diversos países.  

            En primer lugar, es importante recordar que los derechos patrimoniales de los autores le permiten explotar su obra para obtener un beneficio económico proveniente de dicha explotación, razón por la cual tales derechos son susceptibles de enajenación; por otro lado, los derechos morales le permiten mantener un vínculo íntimo con su obra, motivo por el cual son imprescriptibles e inalienables. En el presente trabajo, se hará referencia a uno de los derechos morales: el derecho a la integridad de la obra, definido como la facultad que tiene el autor de oponerse a cualquier cambio que se le haga a su obra el cual perjudique la reputación o el honor del mismo, o se considere una agresión a la creación en cuestión. Por otra parte, con relación al derecho de propiedad, este se considera un derecho real para usar, gozar y disponer sobre un determinado bien.

            Ahora bien, ha habido casos en los cuales existe colisión entre el derecho a la integridad de la obra y el derecho de propiedad. En este trabajo, se hará referencia a tres decisiones jurisprudenciales relevantes en la materia, en razón de que esta colisión es poco mencionada y es necesario profundizar en el tema a los fines de establecer criterios que permitan la correcta ponderación entre ambos derechos humanos.  

[1] La Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas. Extraída de https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Dicho documento fue consultado en el sitio web de las Naciones Unidas.

[2] La Declaración Universal de Derechos Humanos, cuya dirección fue mencionada en la anterior nota de pie de página. 

2. Decisiones jurisprudenciales.

A continuación, se procederá a exponer tres casos jurisprudenciales de gran envergadura, en los cuales existe colisión entre el derecho a la integridad de la obra y el derecho de propiedad.

El primer caso a exponer ocurrió en Estado Unidos, y es conocido como caso “5 Pointz”. ¿Por qué se originó el conflicto? Wolkoff era el dueño de los edificios denominados “5 Pointz” encontrados en Nueva York; este propietario optó por promover el arte urbano con la realización de pinturas murales en los mencionados edificios, razón por la cual acordó su ejecución con el artista Cohen quien, a su vez, estuvo encargado de otros artistas quienes también participaron en la elaboración de los murales. Estas obras se convirtieron en un gran atractivo para las personas.

Posteriormente, Wolkoff obtuvo una licencia para demoler el conjunto de edificios con la finalidad de llevar a cabo nuevas construcciones; dada esta situación, Cohen junto con los demás artistas solicitaron la prohibición de demolición ante los tribunales, motivo por el cual Wolkoff temía que se pudiese dictar una decisión en su contra y, por ello, destruyó la construcción que contenía las pinturas murales, imposibilitando a los artistas el hecho de poder salvar las obras que pudieran rescatarse y de conservarlas de alguna forma (a través de videos, fotos, etc), lo cual los obligó a interponer una demanda en contra de Wolkoff. En la sentencia de primera instancia, se expone que muchas de las pinturas murales eran verdaderas obras de arte y que su destrucción constituía una violación a la “Visual Artists Rights Act” (en la cual se protegen los derechos morales de los artistas visuales), en consecuencia, dada la comprobación de la actitud intencionada de Wolkoff, el juez ordenó la indemnización máxima por cada una de las obras que fueron destruidas. En cuanto a la sentencia de apelación, la misma reitera el criterio de la sentencia de primera instancia.[3]

[3] Sentencia de apelación en el “Caso 5 Pointz” (EE.UU.): Confirmada la resolución de primera instancia y el derecho de los artistas visuales a ser indemnizados con 6.750.000 dólares por la destrucción de sus obras. (2020). Madrid: Aladda. Extraída de http://aladda.es/sentencia-de-apelacion-en-el-caso-5pointz-confirmada-la-resolucion-de-primera-instancia-y-el-derecho-de-los-artistas-visuales-aerosol-artists-a-ser-indemnizados/

Los hechos expresados con relación a este caso constituyen un resumen de los puntos más relevantes al respecto que son expuestos en el enlace ya mencionado correspondiente a Aladda (Asociación Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor).

Asimismo, se encuentra el caso considerado un hito en la materia en Colombia, y se conoce como el caso “Centro Comercial San Diego”. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes? En el 2006, se llevó a cabo un pacto entre un artista de nombre Gabriel Calle y el Centro Comercial San Diego (ubicado en Medellín), a los fines de que el primero elaborara un mural en el mencionado centro comercial para resaltar ciertos aspectos de la ciudad; dicho mural llevó el nombre “Líder”. Años después, el señor Calle sugirió hacer labores de mantenimiento al mural en cuestión, sin embargo, el mantenimiento no fue llevado a cabo y el centro comercial eliminó la obra sin el consentimiento del autor. Seguido de ello, el artista interpuso una demanda contra el Centro Comercial San Diego ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (en adelante, DNDA), alegando la vulneración del derecho a la integridad de la obra; la DNDA, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, falló a favor del artista, considerando que el mural fue eliminado sin el debido consentimiento y que el centro comercial no se ocupó de mantener dicho mural,  trayendo consigo la violación del derecho a la integridad de la obra; en consecuencia, el demandado fue condenado a pagar una indemnización al señor Calle.

La decisión de la DNDA fue apelada ante el Tribunal del Distrito de Bogotá; dadas las circunstancias, en este momento, se agregó que debía ponderarse de forma justa el derecho a la integridad de la obra y el derecho de propiedad sin que el primero tuviera preferencia sobre el segundo, considerando los contratos celebrados entre las partes, así como otras cuestiones extracontractuales, tales como la permanencia o temporalidad de la obra, los materiales empleados, la seguridad y el interés público, etc. El apoderado del Centro Comercial San Diego alegó que este último borró el mural a los fines de salvaguardar la integridad de los peatones, así como también argumentó que el centro comercial justificó la eliminación de la obra por el hecho de que los materiales empleados eran deficientes, lo cual representaba la pésima condición de la obra, el riesgo que esto acarreaba para los peatones, y, además, añadió que el artista tenía conocimiento del carácter pasajero del mural y que se le había permitido registrar la obra antes de borrarla. Por otra parte, el apoderado del artista defendió el derecho moral a favor de este último y aseguró que hubo una clara vulneración del mismo, en virtud de que el centro comercial no llevó a cabo ninguna actividad para mantener la obra en el transcurso del tiempo; por las razones antes expuestas, pidió la confirmación del fallo de primera instancia. No obstante lo anterior, el tribunal de apelación revocó la sentencia de primera instancia alegando que debía considerarse el carácter temporal de la obra (en virtud del lugar en el cual esta se encontraba plasmada y que, por lo tanto, el artista debía tener en cuenta esto), la seguridad pública y el deterioro del soporte físico sobre el cual se encuentra la obra, además de que el mural no podía ser eterno dado que las modificaciones en este tipo de construcciones son necesarias por las consecuencias del transcurso del tiempo; asimismo, añadió que, a pesar de no haber sido acordado un tiempo específico de la obra, la misma fue ejecutada con finalidad ornamental, lo cual trae consigo el carácter no definido del mural; finalmente, en la sentencia de apelación, se alegó que el interés público debe primar sobre el interés privado en el caso en cuestión ya que el soporte material de la obra representaba un peligro para los peatones porque estaba en malas condiciones, y, en este caso, no se podía reparar la pared manteniendo la obra. [4]

En este mismo orden de ideas, en España, específicamente en la Villa de Madrid, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en fecha 6 de noviembre de 2006[5], entre los argumentos de su decisión, se pronunció con relación a la vulneración del derecho a la integridad de una obra cuyo mural en el cual se encontraba fue destruido. En este caso, se discute un punto central el cual se refiere a la destrucción del muro en el que se encontraba una obra de carácter pictórico que ya había sido reproducida en unos bocetos, siendo este el argumento que alegaban los actores (autores de la obra correspondiente) a los fines de solicitar la indemnización de daños tanto patrimoniales como morales. A los efectos del presente trabajo, el enfoque estará dirigido al derecho moral que tiene el autor respecto a la integridad de la obra.

En dicha decisión, mencionan el carácter inalienable e irrenunciable del derecho a la integridad de la obra, sin embargo, en este fallo, analizan las condiciones particulares del soporte de la obra (en el supuesto concreto, del edificio y del muro), llegando a la conclusión de que era necesario reconstruir dicho soporte, el cual estaba deteriorado por factores climáticos y de ubicación, porque de lo contrario representaba un inminente peligro para los individuos; dicha reconstrucción traía como consecuencia que no pudiera mantenerse la obra pictórica. Asimismo, se señala que esta obra dependía del soporte material en el cual se encontraba y que, por lo tanto, no podía ser eterna. Todo ello resultó en una decisión desfavorable para los autores, sin haber lugar a la indemnización que pretendían.

[4] Muñoz, M, & Zuluaga, J. (2018). ¿Qué derechos tiene el autor de una obra urbana no autorizada y por consiguiente qué uso puede hacer de ella un tercero? (trabajo de grado). Universidad EAFIT, Medellín. Extraída de https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/13314/MariaCamila_Mu%C3%B1ozMarin_Juliana_ZuluagaOcampo_2018.pdf?sequence=2  

La narración de los hechos de este caso constituye un resumen de lo expresado en las páginas comprendidas entre la 46 y 54 del trabajo de grado.  

[5] STS 1082/2006, 6 de noviembre de 2006. Villa de Madrid: v|lex. Información jurídica inteligente. Extraída de https://supremo.vlex.es/vid/propiedad-intelectual-derecho-moral-25668267  

Los aspectos principales de los hechos ocurridos en este caso fueron extraídos del anterior enlace en el cual se encuentra el texto de la sentencia en cuestión.

3. Opinión con relación a la colisión entre ambos derechos.

En los casos anteriormente narrados, se muestra un aspecto que ocurre con mucha frecuencia, el cual se refiere a la realización de obras susceptibles de protección por el régimen de derecho de autor en soportes cuya propiedad es de un tercero. Bajo esta premisa, se deben destacar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, es importante destacar que nunca se podrá ceder ni se entenderán por cedidos los derechos morales de un autor sobre su obra, dado el carácter inalienable de los mismos, por lo cual estos siempre le pertenecerán a su creador; en virtud de ello, opino que debe haber una norma jurídica que exija que desde el primer momento en el que el autor realiza la obra, este tenga que registrarla por cualquier medio (ya sea a través de fotos, videos, etc) dentro de un tiempo prudencial, y, a su vez, se le debe exigir al propietario del soporte físico que permita dicho registro; si el respectivo autor obtiene una forma de conservación de la obra (como se evidencia en el caso de España, en el cual se menciona que la obra estaba reproducida en unos bocetos), esto representaría una justa ponderación del derecho a la integridad de la obra respecto al derecho de propiedad en caso de que el propietario tenga que destruir o modificar sustancialmente el soporte físico sobre el cual se encuentra la obra, ya sea por razones de interés público, de seguridad o de colisión con otros derechos. Sin embargo, excepcionalmente, pudiera ser imposible para el autor mantener un registro de su obra por cualquier medio idóneo, por razones de caso fortuito o fuerza mayor (por ejemplo, si horas después de finalizar la obra ocurre un terremoto que destruye el soporte físico y la creación en sí misma); en estos casos, pudiera aplicarse por analogía ciertas disposiciones en materia civil relativas al caso fortuito o fuerza mayor.

Por otra parte, pudiera darse el supuesto en el cual el autor hiciera caso omiso de la conservación inicial de su obra por fotografías o videos y que el propietario del soporte físico necesitare eliminar o modificar sustancialmente el mismo, afectando la integridad de la obra; en este caso, tendría que haber una norma jurídica que faculte al propietario del soporte a acudir ante un ente u órgano competente del Estado para que se conserve la obra de alguna forma, o, eventualmente, se retire del soporte correspondiente, de esta manera, no se vulneraría el derecho a la integridad de la misma y se estaría salvaguardando el carácter de derecho fundamental que posee el derecho de autor, sin perjuicio de las sanciones correspondientes al autor por haber hecho caso omiso al respecto.

No obstante, si la eliminación o modificación del soporte es de carácter urgente y no se cuenta con el tiempo para acudir al ente u órgano correspondiente (supuesto en el cual se esté derribando una pared y esto constituya un riesgo inminente para las personas), el propietario del soporte podría tratar de acreditar la existencia de la obra de alguna forma idónea o de retirarla del soporte en la medida de lo posible, y, seguido de ello, procederá a la eliminación o modificación correspondiente, con la salvedad del caso fortuito o la fuerza mayor antes mencionados. Vale destacar que si bien es necesario salvaguardar los derechos de autor por considerarse de rango supranacional, esto no puede traer consigo el menoscabo de otros derechos fundamentales como la seguridad personal y el derecho de propiedad, por ello, la idea es conservar la obra utilizando un medio adecuado o retirarla cuando se requiera preservar otros derechos de igual rango, dejando a salvo las excepciones ya mencionadas.

Como conclusión de este punto, en primer lugar, el autor siempre debe tener conocimiento de la permanencia o temporalidad de la obra sobre el respectivo soporte, así como de los materiales de elaboración; de igual manera, se debe tener en cuenta que lo más prudente es acreditar la existencia de la obra en cuestión, ya que esto permitirá no solo proteger los derechos morales del autor, sino también preservar en cierta forma muchísimas obras que sirven de base para el desarrollo de la cultura de un determinado Estado, así como también permitirá que el propietario del soporte físico posea una prueba de su diligencia ante un conflicto con el autor de la obra.

Ahora bien, en los casos jurisprudenciales anteriores, se evidencia que tanto el autor de la obra como el propietario del soporte físico acordaron llevar a cabo la realización de la respectiva creación, pero, ¿qué pasaría si el autor ha realizado la obra sobre un determinado soporte sin el consentimiento del propietario de este último?

Esta situación tan frecuente ocurre, en gran medida, en el ámbito del arte urbano cuando los grafiteros realizan sus grafitis en las paredes de edificaciones ajenas; muchas de estas creaciones son consideradas obras de gran valor, no obstante, se critica el hecho de que dichas obras no cuentan con la autorización del propietario del soporte físico correspondiente y que, además, muchas veces son obras realizadas con propósitos vandálicos; en virtud de ello, opino que el propietario de la edificación contentiva de la obra de arte urbano tiene derecho a quitar o destruir dicha creación cuando lo desee, ya que inicialmente el autor de la misma no respetó su derecho de propiedad y realizó su obra a sabiendas de que no contaba con el debido consentimiento para la elaboración, sin embargo, siempre le recomendaría al propietario del soporte que acredite la existencia de la obra ejecutada ante un eventual conflicto, actuando, de esta manera, con extrema diligencia.

Si bien estas situaciones suceden en la vida diaria, existe poca doctrina y jurisprudencia con relación a la ponderación entre el derecho a la integridad de la obra y el derecho de propiedad. Sin duda alguna, este tipo de casos debe abordarse haciendo un análisis exhaustivo de los principios básicos de cada uno de los derechos en conflicto, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto. En razón de la escasa información que existe al respecto y de la necesidad de abordar un tema como este, realicé este artículo con mi respectiva opinión como abogada, esperando inspirar a otros juristas para el desarrollo y regulación de este tópico.

 

 

 

 

Convenio sobre el Trabajo Marítimo: llamado a la acción frente a la crisis covid-19

Desde #ExpertoLegal queremos resaltar el llamado a la acción que desde la OIT se realiza, para que se adopten a nivel global medidas urgentes en torno a la crisis COVID-19 que afecta a la gente de mar.

Resolución sobre el trabajo marítimo y la pandemia COVID-19
El pasado 8 de diciembre el Consejo de Administración de la OIT, adoptó la Resolución sobre el trabajo marítimo y la pandemia COVID-19. Se advierte que, «a pesar de los numerosos llamamientos y acciones a través del sistema de las Naciones Unidas, cientos de miles de marinos continúan trabajando mucho más allá de los períodos habituales de servicio en el mar, y algunos de ellos están a bordo durante 17 meses o más». La resolución recuerda que los derechos de la gente de mar se establecen en el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, incluido el derecho a la repatriación y al acceso a la atención médica en tierra. Try your luck on free slots. Los Estados que han ratificado la Convención deben prescribir la duración máxima de los períodos de servicio a bordo, con períodos inferiores a 12 meses.
La gente de mar debe ser tratada con dignidad y respeto

El Consejo de Administración resalta en este importante instrumento, que las normas internacionales del trabajo, en particular el MLC, 2006, proporcionan una base para salvaguardar condiciones de trabajo y de vida decentes para la gente de mar en el contexto de la respuesta a la crisis.

Medidas fundamentales que se aprueban a favor de la gente de mar
  • Invita a los Miembros ratificantes del MLC, 2006, a que adopten sin demora las medidas necesarias para asegurar la plena aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica durante la pandemia de COVID-19 en coordinación con los ministerios y organismos pertinentes de sus administraciones nacionales, en cooperación con otros Miembros ratificantes y en consulta con los interlocutores sociales pertinentes.
  • Pide a la Oficina Internacional del Trabajo que, en cooperación con otras organizaciones especializadas, siga apoyando a los Miembros en la aplicación de las acciones y políticas gubernamentales destinadas a garantizar la integridad de las cadenas mundiales de suministro, así como condiciones de trabajo y de vida decentes para la gente de mar.  
  • Invita a las empresas multinacionales y nacionales a que actúen con la debida diligencia en consonancia con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas a fin de que identifiquen, prevengan y mitiguen el impacto real o el impacto que podría tener sobre los derechos humanos de la gente de mar la pandemia de COVID-19, y de que den cuenta de cómo abordan este impacto.

Para consultar el texto completo de esta importante resolución, puede consultarla al siguiente enlace:  https://www.ilo.org/

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